De un solo plumazo el Gobierno de Colombia resolvió acabar con el proceso de paz; quedando sin vigencia la ley de Justicia y paz; las consecuencias políticas de la decisión del Gobierno nacional crea gran incertidumbre en todos los estamentos de la sociedad Colombiana; da la sensación de haber terminado con el programa bandera de Uribe que es la Seguridad Democrática; pone de manifiesto que la justicia en el país no funciona y es la mejor manera de acabar con los procesos de la parapolítica que tanto daño le ha causado al gobierno de Uribe; con lo cual ha aliviado la situación de los parlamentarios vinculados con los paramilitares; los testigos al no estar; no hay ya quien los acuse no habrá manera de condenarlos; de esta forma le quita a la Corte y a la fiscalía todos los argumentos de seguir adelante con las acusaciones que pesa y tendrá la obligación de cerrarlos por falta de pruebas de tal manera que en pocos días los detenidos estarán en libertad; los extraditados son Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando Murillo ('Don Berna), Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' VanoyyEduardo Enrique Vengoechea, Francisco Javier Zuluaga (alias 'Gordolindo') y Nodier Giraldo (sobrino de Hernán Giraldo). ya fueron entregados a autoridades de ese país.
Por otra parte las víctimas de los paramilitares se quedaron sin la posibilidad se saber donde están enterrados los cuerpos de sus familiares; y en cuanto a la reparación el gobierno mismo ha argumentado que será el propio gobierno el que los recompense; pero queda un argumento válido; como podrán los familiares demostrar que han sido víctimas, ya que sus autores materiales ya no se encuentran el el país.
La decisión tomada pone de manifiesto que el Presidente Uribe; ha decidido no aspirar a su próxima reelección y terminar en forma muy tranquila su mandato.

Juan Restrepo, que como corresponsal de Televisión Española ha sido agudo observador de la realidad colombiana durante las dos últimas décadas, declara a "La Vanguardia" que lo grave y sintomático de la situación política de su país es que la transformación de las FARC en un grupo criminal que causa mucho dolor y sufrimiento ha dado a Uribe "patente de corso para saltarse la Constitución y las relaciones entre las instituciones".
Fujimori y Uribe tienen en común que han cambiado la Constitución de forma poco democrática para poder reelegirse. Aunque Uribe en algunos aspectos ha seguido los pasos de Hugo Chávez, también mantiene afinidades con el modo de actuar de Alberto Fujimori. En especial por la manera cómo uno y otro consiguieron los votos necesarios en el Congreso para seguir en el poder. De Fujimori tenemos los testimonios de los llamados vladivideos, que grabó su poderoso jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, que precipitaron el derrumbe de un régimen minado por la corrupción y por violaciones a los derechos humanos.
A Uribe se le complica la situación al empezar a aflorar testimonios de congresistas que admiten abiertamente que votaron a favor de la reelección a cambio de prebendas y dinero en efectivo.

El tribunal envió copias del proceso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que sean tenidas en cuenta dentro de una investigación que ya se adelanta contra el presidente Álvaro Uribe por este caso. Lo mismo hizo a la Fiscalía para que investigue a los altos funcionarios posiblemente involucrados.
Si bien se trata de un procedimiento normal cuando la Corte conoce denuncias contra funcionarios que no son de su competencia, la decisión en contra de Medina reconoce que en la aprobación de la reelección hubo compraventa de votos.
Según la Corte, "la ex congresista implicada no aceptó ni recibió las prebendas para que votara conforme a sus convicciones, sino para que lo emitiera en dirección contraria al sentido que pública y previamente había anunciado". Yidis, agrega la decisión de la Sala Penal, "traicionó la probidad intelectual que debe presidir la labor congresional (y ) transgredió el orden jurídico penal en detrimento del bien jurídico de la administración pública".
Ahora tiene la palabra la Cámara de Representantes; ya no para evaluar las pruebas sino para abrir proceso en Contra del Presidente Uribe. Los miembros de la Camára se encuentran contra la pared; ya que pueden cometer prevaricato sino abren proceso contra el Presidente.

Los continuos ataques del presidente Álvaro Uribe a periodistas y el manejo de las noticias sobre la guerra en Colombia; ha colocado en el campo internacional como un estado beligerante frente a la información; al leer el análisis realizado por Juan Gonzalo Betancur; titulada Colombia, una guerra en ‘contravía informativa’ en donde el Estado pretende acomodar sus actuales prácticas de manejo de la información de orden público a los postulados usados en las confrontaciones internacionales de mayor impacto mediático y que en pocas palabras se puede decir que las relaciones entre el conflicto armado colombiano y el Periodismo imparcial se ha convertido estos en simples corresponsales de guerra al servicio del Gobierno, y de esta forma se hace una censura de prensa, en donde la libertad de prensa pierde toda su realidad; la guerra psicológica en contra los periodistas por informaciones que aún antes de ser publicadas ya son atacadas por la jauría gubernamental; cuyo fin no es otro que distorsionar la realidad nacional, siendo estos ataques aprovechados al máximo por el estado como medio de propaganda.
Ya estamos llegando a los extremos del insulto del Presidente contra los periodistas; en donde deja su investidura de mandatario; para convertirse en un simple peleador de plaza de mercado y reta a los periodistas que se han apartado de sus directrices; tratándolos para referirse a ellos como “mentirosos, apátridas o aliados del terror o de la guerrilla”.
El periodista colombiano Hollman Morris denunció ayer en Madrid los ataques que realiza el presidente de su país, Álvaro Uribe, contra algunos periodistas, “especialmente cuando afectan a su gobierno”.
Morris participó ayer en la conferencia internacional “Libertad de prensa y secreto de las fuentes en las dos orillas: Europa y América”, organizada por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) y dedicada a los periodistas perseguidos por defender la libertad de expresión o proteger el secreto de sus fuentes de información.
En unas declaraciones a EFE, Morris recordó que en su país los periodistas han estado sometidos durante varias décadas a la violencia del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares o de los políticos corruptos, “pero no estábamos acostumbrados —añadió— a que un presidente como Álvaro Uribe ataque personalmente a los informadores por sus reportajes críticos e independientes”.
Morris calificó de “sumamente grave” la estigmatización de un periodista por parte de Uribe, el presidente de un país “tristemente célebre porque en las tres últimas décadas han muerto asesinados 70 periodistas y muchos sindicalistas”.
De estos “señalamientos” de Uribe, según Morris, también han sido víctimas otros periodistas o políticos como Daniel Coronel, Gonzalo Guillén, Rafael Pardo, Carlos Gaviria o William Parra, a quienes ha “injuriado y calumniado” después de atribuirles supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El periodista destacó el trabajo que llevan a cabo la revista Semana, el diario El Espectador , “algunos informes” del diario El Tiempo y El Criterio, que, en su opinión, “han tomado liderazgo para contar la verdad que los colombianos necesitan conocer”.
Hollman Morris, que dirigía el programa Contravía, dedicado a la cobertura del conflicto armado y a las iniciativas de paz de la sociedad civil colombiana, opta este año, por segundo consecutivo, al premio de Reporteros Sin Fronteras-Fundación de Francia.
No contento el presidente Uribe de sus ataques a los periodistas; también ha realizado una oleada de amenazas contra activistas de derechos humanos, investigadores de la 'parapolítica', miembros de la oposición, sindicalistas, curas, integrantes de programas de desarrollo y paz, profesores y muchos otros.
Las amenazas se cuentan por docenas. Las más recientes fueron proferidas contra León Valencia, Claudia López y Laura Bonilla, investigadores de la 'parapolítica' y, los dos primeros, sobresalientes columnistas del Espectador. Pero la lista es tan amplia como alarmante. Salidas infortunadas, porque una cosa es que el Poder Ejecutivo discrepe de sus críticos, y otra es que los ataque justo cuando se los amenaza por investigar o denunciar la 'parapolítica'.
Estará llegando el fin de la libertad de prensa colombiana? Gracias a la seguridad democrática.

por Luis H. Ortiz H
Por primera vez la bancada Uribista se enfrenta entre ellos; por las declaraciones del Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo; por una parte los Conservadores decretaron paro contra las iniciativas del Gobierno; Cambio Radical dejó una constancia en el Senado en protesta de las palabras del Comisionado y por el lado del partido de la U su actual presidente Renuncio a su Cargo que con tanto ahinco había defendido y tan bien respaldado de parte de sus compartidarios de partido.
Por otro lado el Presidente Álvaro Uribe; se encarnizo contra el senador Petro y el escritor Valencia por el lanzamiento de un Libro que trata sobre la situación de la para política en Colombia durante el Gobierno de la Seguridad Democrática y el su misma alocución acuso al periodista Cepeda por las acusaciones sobre la parapolítica publicada en el Espectador el pasado domingo.
El periodista Gabriel Bustamante en su columna titulada “El verdadero costo de la seguridad democrática” en donde dice: Tal como sucedía hace siglos, el secreto ha sido una de las figuras que sostienen el poder y, entre más arbitrario y déspota es éste, más escabrosos secretos entrañará. Ya desde antes de Maquiavelo, se consideraba el secreto como parte integrante del arte de gobernar y contemporáneamente, Elías Canetti en su obra “masa y poder”, desentraña la estrecha relación entre lo clandestino y el desarrollo de las relaciones del mando y caudillaje.
Pero, cuando ese secreto, ese hecho que nunca puede ser público sale a la luz, el poder se estremece y puede llegar a derrumbarse.
La relación entre el proyecto paramilitar de re-fundación de la patria y la seguridad democrática parece ser el gran secreto que la justicia, y ahora la sociedad colombiana, comienza a vislumbrar. Los verdaderos costos de que una sangrienta vendetta antisubversiva se convirtiera en proyecto político y luego se concretara en un gobierno apenas empiezan a regurgitar.
No es un hecho aislado que la bancada uribista, que construyó electoralmente al Presidente y luego votó sus proyectos de Gobierno, hoy sesiona con más quórum desde la cárcel la Picota, que en los salones del Parlamento. O que, las mismas leyes que benefician a los paramilitares rasos o a sus alas empresariales o transnacionales fueron votadas unánimemente por esa coalición que, según Mancuso, supera el 50% del actual Congreso.
Para nadie es un secreto ya, que vía Congreso, se negoció con esa bancada para-política la reelección presidencial, en cuya aprobación fue definitivo el voto, en la comisión primera de la Cámara de Representantes, de Yidis Medina. Voto que permitió darle vía libre a la reforma del “articulito” de la Constitución y a cambio del cual se negocio (con la entonces parlamentaria suplente por Santander): La Regional del SENA, Acción Social en el departamento, el Seguro Social y un consulado. Yidis se queja por el incumplimiento, y eso que se conoce que le dieron la dirección de un hospital y una notaría. Claro que, incumplimiento justificado, porque la negociación para la votación en la plenaria del Congreso, dio como resultado que su numerosa bancada de gobierno goce hoy de cuotas burocráticas en ministerios y entidades públicas de todo orden, así, como en todo el sistema diplomático

BOGOTÁ / AFP
La detención del primo del presidente colombiano Álvaro Uribe agravó los efectos del llamado proceso de la “parapolítica”, iniciado desde 2006 sobre los nexos entre políticos y las bandas paramilitares de ultraderecha.
La investigación, que involucra en su mayoría a miembros de la coalición política que sustenta el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la adelantan en forma independiente la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
El máximo tribunal de la justicia colombiana se encarga de investigar a los congresistas, en tanto que la Fiscalía lo hace cuando son ex legisladores o dirigentes políticos sin cargo en el Ejecutivo.
Algunos congresistas que empezaron a ser investigados por la Corte decidieron renunciar a la investidura legislativa para que la Fiscalía los investigue, porque según sus abogados en esa instancia tienen más posibilidades judiciales, toda vez que pueden apelar los fallos, lo que no ocurre en la Corte por ser la última instancia judicial.
Un caso de éstos lo representa el ex senador oficialista Álvaro Araújo, hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo, quien debió dejar ese cargo a raíz del involucramiento de su hermano en la investigación por presuntos nexos con jefes de las ahora desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (extrema derecha).
63 congresistas investigados
Hasta el momento, a la investigación han sido vinculados 63 congresistas, de los cuales 36 están detenidos mientras concluye la indagación y se determina si serán llevados a juicio o por el contrario recobran la libertad, según cifras dadas por el Congreso.
Del total de 102 senadores, 22 están en prisión, en tanto que de los 166 representantes a la Cámara, 14 se encuentran detenidos.
Apenas seis de esos congresistas pertenecen al opositor Partido Liberal, mientras que los restantes 30 pertenecen a partidos de la coalición oficialista.
La semana pasada, la Corte anunció que inició una investigación preliminar contra la presidenta del Senado, la oficialista Nancy Patricia Gutiérrez.
Uno de los ex jefes de las AUC, Salvatore Mancuso, aseguró en una entrevista divulgada el martes que “la combinación de las conexiones de las autodefensas y guerrilla va a superar con creces el 50% del Congreso vinculado con estos fenómenos”.
Tomado de Nuevo diario

Creo que la unidad latinoamericana "ULA"es una imperiosa necesidad, y launión se dará simultáneamente con la mejora de la mentalidad generalizada. Un tal Harrison escribió un libro titulado: "El subdesarrollo está en la mente". Creo que debemos esclarecer los defectos de la mentalidad latinoamericana para poder dejarlos de lado y encontrar la Unión

Senadora PIEDAD CÓRDOBA ha sido propuesta candidata presidencial para el periodo correspondiente 2010; un grupo de líderes populares y organizaciones de base han lazado la propuesta de la candidatura de la senadora; quien aún no ha realizado comentario alguno sobrelapropuesta.
Los proponentes afirma que la senadora podría buscar una coalición dela oposición y uno que otro uribista; no podemos olvidar que la senadora tiene un gran apoyo de muchos sectores populares y en el exterior y si logra la libertad de los secuestrados, dejará sin piso asus rivales por la carrera presidencial y Colombia tendría por primera vez a una mujer en poder, tan como ha susedido en Argentina y Chile;sin menos despreciar si ocurre el triunfo de la Senadora Hillary Clinton.
Los Liberales de base no creen en las directivas del Partido Liberal y un innumerable colombianos en exterior cren que la candidatura de la Senadora Piedad es muy fuerte y que se ha ganado el respeto de la mayoría de Mandatarios Latinoamericanos; además logro en el debate del Senado unir todas la corrientes de la oposición y la atracción de Senadores Uribistas y Conservadores; Piedad Códoba, pese al ataque dela prensa nacional; por su demostración de las actividades en favor de los secuestrados; la critica contra el actual mandatario; le dan larazón. Lo cual ha ganado a muchos simpatizantes de todos los partidosde la oposición y de la coalición de gobierno; como candidata podría unir al Partido Liberal; al Polo y una serie de partidos en formacióncomo el Partido Social Colombiano “PSC” y el apoyo que recibiría de losparlamentarios liberados por gestión de ella. Por la ULA Unión Latinoamericana